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La congresista Rosío Torres (Alianza para el Progreso) no solo se encuentra cuestionada e investigada en la Comisión de Ética y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por presuntamente haber recortado los salarios de los trabajadores de su despacho, sino también por los antecedentes que arrastran sus familiares más cercanos.
El viernes pasado se conoció que Cirilo Torres Pinchi, padre de la parlamentaria, fue capturado por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la ciudad de Tarapoto tras haber estado prófugo de la justicia por casi 20 años. El Ministerio del Interior brindaba una recompensa de 20 mil soles por su paradero.
Pese a estar al margen de las autoridades, el progenitor de la congresista Torres habría caído por un trámite que realizó ante una notaría. Así se evidencia en un reportaje en el programa dominical Cuarto Poder que mostró cómo se apersonó el 21 de marzo pasado a concretar la compra del lote ofrecido por el vendedor, el ciudadano italiano Tony Spiridigliozzi.
Así, Cirilo Torres tuvo que someterse a la prueba de huella dactilar para confirmar su identidad. Esto habría sido la pista para que las autoridades den con su ubicación y lo puedan capturar después de dos décadas para que responda por la imputación que se le hace: haber desviado 15 millones de soles cuando era funcionario de en Loreto.
“No estaba escondido, estaba de tránsito. (¿Usted no tiene una vivienda ahí?) No, es una cabaña de un familiar. (¿De qué familiar?) De un familiar nomás, no es mío. (¿No es de su esposa?) No, de un familiar”, dijo tras ser capturado por la Policía.
“Es una persecución política. Estoy perseguido políticamente. (…) No he defraudado, ya demostré en primera instancia (¿Entonces por qué lo buscan?) Porque es una persecución política. Yo he demostrado que los detenidos y presos cambiaron su manifestación con otro fiscal que les aceptó. Yo no voy a pagar cárcel de ladrones porque yo no he cometido ningún acto ilícito en mis funciones, y listo”, añadió el familiar de la congresista Rosío Torres.
Rosío Torres es acusada de recortar la remuneración de algunos de sus trabajadores de su despacho parlamentario. De acuerdo a un informe de Punto Final, este dinero sería depositado a la cuenta bancaria de su sobrino Juan Daniel Pérez Guerra. El caso ya se encuentra siendo investigado por la Fiscalía de la Nación.
Se sospecha que al menos cinco empleados del Congreso recibieron solicitudes similares por parte del sobrino de la parlamentaria. El primer caso revelado fue el de Cecilia Salazar Mattos, quien ocupó el cargo de asesora nivel II desde julio de 2021 hasta agosto de 2022. Durante su tiempo en el puesto, se realizaron hasta 10 transferencias por un monto superior a 24,000 soles cada una.
En comunicación con el dominical, Salazar Mattos dijo que podría tratarse de otros depósitos. Por su parte, Jesús Sierra Tapia, asesor principal de la congresista en la actualidad, le transfirió la suma de 4,400 soles en junio del año pasado.
“La verdad no sé, creo que te estás equivocando”, indicó Sierra Tapia y procedió a colgar ante la consulta.
Además, otra excolaboradora de la congresista reveló que también realizó una transferencia de 6,850 soles al sobrino de Salazar. Según la información proporcionada por el citado medio, ambos obligaban a los empleados a entregar un tercio de su sueldo.
A su vez, la exauxiliar de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Abigail García Díaz, cuando este grupo era presidido por la parlamentaria, también habría realizado una transferencia de 2,000 soles a la cuenta de su sobrino.
César Macedo Von Bancels se desempeña como asistente del despacho de la parlamentaria y fotógrafo oficial. Este trabajador depositó 1,000 soles de manera mensual. De igual forma, Estefanía Calvo Zúñiga habría depositado 2,000 soles.
