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Otros dos excongresistas fueron acusados por corrupción ante la Corte Suprema de Justicia

Corte abre investigación a excongresistas Sandra Villadiego y Raymundo Méndez. Fotos: Colprensa y Partido de La U.
Corte abre investigación a excongresistas Sandra Villadiego y Raymundo Méndez. Fotos: Colprensa y Partido de La U.

Tal y como sucedió este martes con el exsenador David Barguil, la Corte Suprema de Justicia anunció, temprano en la mañana de este miércoles 12 de octubre, que abría una investigación contra dos excongresistas más: Sandra Elena Villadiego y Raymundo Elías Méndez.

La exsenadora y el exrepresentante enfrentan cargos por los delitos de tráfico de influencias y cohecho propio. Los personajes no solo serán indagados, sino que también deberán comparecer ante el tribunal para explicar si presunta responsabilidad.

Los hechos por los que los acusan habrían ocurrido en el municipio Galeras, Sucre, el mismo en el que David Barguil habría usado su cargo como congresista para ganar réditos políticos. Sin embargo, Villadiego y Méndez habrían infringido la ley entre el 2016 y 2018 para que el Gobierno nacional de ese entonces, dirigido por Juan Manuel Santos, les diera una supuestas coimas.

“Entre 2016 y 2018 habrían influido ante el Gobierno Nacional para que dineros de cupos indicativos que les habían sido asignados, financiaran proyectos de Galeras (Sucre), a cambio de recibir una contraprestación económica previamente acordada con el mandatario municipal”, informó la Corte Suprema a través de redes sociales.

22/05/2020 Alegor�a de la Justicia en la Corte Suprema de Justicia de Colombia POLITICA INTERNACIONAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COLOMBIA
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Dentro de la investigación, por ejemplo, se asegura que los citados congresistas se habrían ganado comisiones que rondan el quince por ciento de los contratos para saneamientos básicos que se adelantaron en el municipio sucreño antes mencionado.

De hecho, la misma Fiscalía General de la Nación le envió todo el material probatorio que incrimina a los sujetos y en los que, se asegura, habría participado la Alcaldía de Galeras, que estuvo al frente de ese sector desde el 2016 hasta el 2019. Según trascendió en las últimas horas, las autoridades encontraron anomalías en los contratos por más de 11 mil millones de pesos.

Con esa plata, según precisa el alto tribunal, se buscaba sanear las calles, andenes y demás lugares públicos del municipio. En este caso participó el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) que habría sido coordinado por los congresistas a los que investigará la Corte. Habría sido allí donde los exlegisladores infringieron la ley.

“La estructura criminal determinó el pago de dádivas indebidas a congresistas y otros funcionarios públicos con el fin de, a través de convenios interadministrativos, direccionar recursos públicos desde el Departamento para la Prosperidad Social, con domicilio en Bogotá, dirigidos a financiar los proyectos de infraestructura presentados ante esa entidad por el municipio de Galeras. Y a su vez, direccionar los procesos licitatorios que con dichos recursos se adelantaran en el municipio para realizar las obras públicas”, asegura la Fiscalía en la compulsa de pruebas enviadas a la Corte.

En este presunto caso de corrupción también estaría involucrado el exalcalde de Galera, Amell Hernández, que es militante activo del Partido de La U. De hecho, fue con esa colectividad que logró ganar las elecciones. Además, se le vincula de aliarse a los citados congresistas para hacer las supuestas triquiñuelas que hoy los tienen en la lupa del máximo órgano judicial de Colombia.

Esta investigación se da luego de que el alto tribunal anunció que investigará al exsenador conservador David Barguil por ser presuntamente responsable de tráfico de influencias, cohecho propio, financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas y presunto determinador de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales.

El encargado de indagar al congresista, que participó en la consulta de la coalición presidencial -hoy desaparecida- Equipo por Colombia, será el magistrado Marco Antonio Rueda, que hace parte de la Sala de Instrucción y quien asegura que Barguil habría participado, presuntamente, en una licitación del Gobierno nacional ubicada, específicamente, en el municipio de Galeras, Sucre.

Los delitos por los que será investigado datan entre el 2017 y 2018 cuando Barguil era representante a la Cámara y, supuestamente, se habría aprovechado de su condición de congresista para conseguir réditos económicos. Por ello, el togado evaluará todas las pruebas en contra del exaspirante a presidente y determinará una eventual sanción.

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