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“Magnicidio de Carlos Pizarro sigue en la impunidad”, señaló la defensa del líder político

Carlos Pizarro Leongómez, candidato presidencial asesinado el 26 de abril de 1990
Carlos Pizarro Leongómez, candidato presidencial asesinado el 26 de abril de 1990

Por medio de un comunicado, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), representantes de la familia de Carlos Pizarro Leongómez, candidato presidencial asesinado el 26 de abril de 1990, advirtieron que la investigación del homicidio ha sido un mecanismo de impunidad que atenta contra los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia.

Una de las advertencias que hicieron los defensores de la familia de uno de los líderes del Movimiento 19 de abril (M-19) fue el traslado del fiscal Mauricio Ponce a Chocó mientras avanzaba en establecer la responsabilidad de Manuel Antonio González Henríquez, exjefe de protección del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), y Flavio Trujillo Valenzuela, exjefe de la sección de corporaciones públicas de la misma entidad.

La CCJ explicó que Hugo Alexander Tovar Pérez, fiscal adscrito a la dirección especializada contra violaciones a los derechos humanos, fue nombrado para llevar a cabo las funciones desempeñadas por Mauricio Ponce Tovar.

Algo que va en contravía para esclarecer los hechos del magnicidio, pues Tovar Pérez fue recientemente nombrado en la Dirección de la Unidad de Derechos Humanos, “a pesar de su pobre gestión”, puntualizó la CCJ.

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“Después de más de un año, podemos afirmar que se consolidó el mecanismo de impunidad que en su momento identificamos con el cambio de fiscal, pues la investigación no ha tenido avances en este tiempo”, denunció la organización social.

Sumado a esto, Mauricio Ponce le había solicitado a la fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia investigar al exdirector del DAS, Miguel Alfredo Maza Márquez por su participación en el homicidio de Carlos Pizarro Leongómez.

Otra de las preocupaciones expuestas por la CCJ y el Cajar fue que Jaime Ernesto Gómez, procesado por el magnicidio de Carlos Pizarro, solicitó su sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sin el compromiso de aportar a la verdad de manera plena”.

El procesado habría cambiado de abogado “sin fundamento alguno a los jueces en la justicia ordinaria que están encargados de su juicio, todo esto con el objetivo de conseguir su libertad por vencimiento de términos, situación frente a la cual no se pronunció el fiscal delegado Hugo Tovar”, se puntualizó en el comunicado conjunto.

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En el mismo sentido, hay que resaltar que el traslado de fiscales debe contemplar la especialización y fortalezas adquiridas en el transcurso de la carrera del funcionario, y deben responder a criterios públicos y objetivos para que no se tornen contrarios a los intereses del proceso.

En el caso de Carlos Pizarro la CCJ señaló que el traslado del fiscal es una decisión de carácter sensible “en materia de graves violaciones a derechos humanos; un traslado en tales condiciones podría tener por objetivo separarlos de tomar una decisión que pudiera afectar los intereses de otros poderes y servir de mecanismo para materializar la impunidad”.

Por su parte, María José Pizarro, congresista e hija del extinto político, aseveró que el traslado del fiscal debe ser considerado como una decisión arbitraria y limita los términos de justicia. A su vez, le envió un mensaje al Fiscal General, Francisco Barbosa, a quien le solicitó una reunión de urgencia.

“Denuncio que persiste la estrategia de impunidad en el magnicidio de mi padre, con el cambio de fiscal delegado para el caso hace 2 años no hay avances. Esta arbitraria decisión pospone la verdad y la justicia. Solicito una reunión urgente con el Fiscal General”.

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