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La lucha de Ana Estrada por una muerte digna

"Soy libre. Mi lucha siempre fue la defensa por el derecho a elegir. Hoy lo he conseguido gracias a las personas que difundieron mi voz: aquellas que se tomaron el tiempo para leerme y comprender desde enero de 2019", escribió Estrada en la red social Twitter. EFE/Paolo Aguilar/Archivo
“Soy libre. Mi lucha siempre fue la defensa por el derecho a elegir. Hoy lo he conseguido gracias a las personas que difundieron mi voz: aquellas que se tomaron el tiempo para leerme y comprender desde enero de 2019”, escribió Estrada en la red social Twitter. EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Ana Estrada será escuchada en cinco días por qué desea una muerte digna. Tras varios años de lucha ardua contra una penosa enfermedad como es la polimiositis que deterioró progresivamente su capacidad motora y le paralizó casi todos los músculos del cuerpo, este viernes 3 de junio tendrá la oportunidad exponer frente al juez supremo Augusto Ruidías Farfán porque busca tener la libertad de disponer cuándo y cómo puede ponerle final a su existencia y tener la paz que desea.

Percy Castillo, adjunto de la Defensoría del Pueblo para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad, recuerda que este proceso inició en enero de 2020 cuando interpusieron una acción de amparo a favor de Ana contra el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. “Planteamos este recurso porque no queríamos que a Ana se le aplique el artículo 112 del Código Penal”, señala en diálogo con Infobae.

¿Qué dice el artículo 112 del Código Penal? “Homicidio piadoso: El que, por piedad, mata a un enfermo incurable que le solicita de manera expresa y consciente para poner fin a sus intolerables dolores, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años”.

Estrada, al luchar por una muerte asistida, podía ser condenada de acuerdo a la norma que reseñamos. Por ello, tomó la decisión de revertir en los tribunales lo que la ley no se lo permitía. Sin embargo, no podía hacerlo sola sino con la asesoría legal de la Defensoría.

Castillo sostiene que la demanda que interpusieron a favor de Ana se sustentaba, esencialmente, en “el reconocimiento del principio derecho de dignidad que está en el artículo 1 de nuestra Constitución”. En esa línea, el letrado agregó que el caso de ella es un ejemplo “del derecho a la vida en condiciones dignas”.

Debido a la pandemia de la Covid-19, las audiencias judiciales no pudieron realizarse de manera presencial y todo viró a la virtualidad. Y el caso de Ana no fue la excepción.

En enero de 2021 se realizó la audiencia de acción de amparo. En esa oportunidad, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia, EsSalud expusieron sus alegatos ante el juez Jorge Ramírez Niño de Guzmán, del 11° Juzgado Constitucional.

“Argumentamos ante el juez que Ana es una persona inmovilizada y atendida por otras personas. Mencionamos que lo que buscábamos para ella es que no tenga un trato cruel y degradante por su enfermedad y recalcamos que ella tenga la decisión, con la ayuda de otras personas, a cómo tener una muerte en condiciones dignas que toda persona tiene derecho”, apuntó.

Percy Castillo es adjunto de la Defensoría del Pueblo (DP) para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad.
Percy Castillo es adjunto de la Defensoría del Pueblo (DP) para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad.

Tras varias semanas, el 25 de febrero de 2021, se conoció el Décimo Primer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima falló a favor de Ana Estrada y ordenó al Ministerio de Salud y Essalud respetar su decisión de acabar con su vida mediante la eutanasia, cuando ella lo considere.

Por aquella época, ambas instituciones informaron que no iban apelar la sentencia. Tampoco lo haría la Procuradoría General del Estado.

El fallo a favor de Ana Estrada debía haberse ratificado en la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia. Allí estaban los magistrados David Quispe Salsavilca, presidente de la sala, Jackeline Yalán Leal, Ramiro Bustamante Zegarra, Augusto Yaya Zumaeta y Ángela Cárdenas Salcedo. Para que se hiciera efectiva la sentencia se necesitaba de al menos cuatro votos, lo cual no ocurrió.

“Hubo una división en la votación porque algunos magistrados no estaban de acuerdo con el primer fallo. Por eso, tres votaron a favor y dos en contra”, menciona Castillo.

En efecto, quienes sí respaldaron el primer fallo a favor de Ana fueron Salsavilca, Yalán y Bustamante. En tanto, Yaya y Cárdenas se mostraron en contra. Por esta entrampamiento, se tuvo que llamar a un juez dirimente que es Augusto Ruidías Farfán, quien presidirá la audiencia en la que participará el representante de la Defensoría del Pueblo.

Infobae le preguntó al abogado Castillo sobre las expectativas que tiene para esta fecha trascendental. “Consideramos que nosotros tenemos los argumentos de derecho porque patrocinamos una causa justa y noble. Confiamos en que este magistrado (Augusto Ruidías) vote a favor de Ana y acabe el caso en el fuero judicial”, indica el vocero de la Defensoría.

Por si fuera poco, la protagonista de esta historia que es Ana Estrada tendrá la oportunidad de hablar. “Ana ha participado de todas las audiencias y la del viernes no debe ser la excepción. Lo ha venido haciendo hasta el momento para relatar su experiencia personal y que se le reconozca una muerte digna”, añadió Castillo.

El representante de la Defensoría enfatizó que no hay plazo definido para que el juez Ruidías se pronuncie. Sin embargo, apuntó que su fallo debería ser lo más pronto posible por el estado de salud de Ana. Recalcó, además, que si este magistrado no les da la razón, pues se deberá convocar a otro vocal supremo para que defina la situación que esperan acabe con una victoria para Ana.

En países como Suiza, Nueva Zelanda, España, Canadá, Luxemburgo, Holanda y Bélgica existe la muerte asistida y la eutanasia.

Colombia es el único país de Sudamérica que está autorizado.

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