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La ley para combatir al cambio climático representa un 'cambio radical' para los puentes y las carreteras

Especial para Infobae de The New York Times.

(Square Feet)

La fabricación del hormigón y el asfalto necesarios para construir los puentes y las carreteras del país no es un negocio limpio. Las empresas que fabrican estos materiales generan muchas de las emisiones que están calentando el planeta.

No obstante, si las disposiciones de la Ley de Reducción de la Inflación funcionan como se pretende, pronto se podría reconstruir y reparar una buena parte de esa infraestructura con materiales más ecológicos.

Esta amplia ley que el presidente Joe Biden firmó el mes pasado para que entrara en vigor aprovecha las inversiones en infraestructura del proyecto de ley del año pasado por un billón de dólares con programas para reducir las emisiones de carbono en las plantas industriales de Estados Unidos.

“Estas inversiones son un cambio radical para la fabricación de puentes y carreteras”, señaló Ben Beachy, vicepresidente de políticas industriales y de manufactura en BlueGreen Alliance, una asociación de sindicatos y organizaciones medioambientales.

Gracias a una combinación de créditos fiscales y financiamiento directo, como los casi 6000 millones de dólares para ayudar a reducir las emisiones en las plantas manufactureras, la Ley de Reducción de la Inflación pretende aumentar la oferta de materiales sustentables que se usan en los proyectos de infraestructura.

El paquete también busca generar una demanda de productos más ecológicos al asignar más de 5000 millones de dólares a las agencias federales con el propósito de que compren materiales con bajo nivel de emisiones de carbono para sus proyectos. Quienes apoyan estos programas creen que los mismos servirán para motivar a los fabricantes a que reduzcan sus emisiones de carbono y que sus productos cumplan con los criterios para su compra.

Se pretende que, juntas, estas y otras disposiciones de la ley motiven a los fabricantes que vienen reduciendo sus emisiones a que continúen esa labor e impulsen a otros a integrarse al programa de bajas emisiones de carbono.

“En realidad, se trata de una revolución industrial”, comentó Sara Baldwin, directora de políticas del laboratorio de ideas Energy Innovation.

Sin embargo, según los expertos, el éxito dependerá de la manera en que se redacten y se implementen las reglas de los nuevos programas.

Si Estados Unidos quiere cumplir la meta de Biden, de reducir a la mitad el nivel de las emisiones que había en 2005 para finales de la década, es fundamental concentrarse en la industria pesada.

De acuerdo con una simulación de Rhodium Group, una empresa de investigación y consultoría, el sector industrial es responsable de casi una tercera parte de las emisiones de carbono de Estados Unidos y está previsto que estas aumenten, con lo cual el sector se convertirá en el mayor productor de gases de efecto invernadero en la presente década.

No obstante, puede ser costoso modernizar las plantas para lograr la reducción de sus emisiones y, de acuerdo con los expertos, tal vez no haya cambios tan rápidos en las industrias del hormigón, el acero y el asfalto.

Estas industrias han avanzado en la reducción de sus emisiones. Las empresas productoras de hormigón han tratado de disminuir la cantidad de cemento que usan en sus fórmulas, pues es el mayor contaminante de las mezclas. Las compañías productoras de asfalto han rebajado el aglutinante, un residuo de la refinación del petróleo, además de aumentar el uso de asfalto reciclado. Y la mayor parte de los fabricantes de acero instalaron hornos que funcionan con electricidad.

Pero la Ley de Reducción de la Inflación —la cual destina 370.000 millones de dólares a programas de energías limpias y de combate al cambio climático— los motiva a hacer todavía más.

Los 5800 millones de dólares de la ley para un fondo de fabricación avanzada están destinados a agilizar la descarbonización en las plantas industriales. La ley resalta que las industrias más beneficiadas podrían ser las de alto consumo de energía, como las del acero y el hormigón.

Este fondo, el cual distribuirá la nueva Oficina de Demostraciones de Energías Limpias del Departamento de Energía, incluirá tanto subsidios como préstamos, y los miembros de la industria están viendo con mucho interés todo ese dinero.

“Ya tenemos contratistas que llaman preguntándome cómo pueden tener acceso a él”, comentó Jay Hansen, vicepresidente ejecutivo de promoción en la Asociación Nacional del Asfalto.

Una planta de hormigón, por ejemplo, podría usar ese dinero para instalar un depósito donde se almacenen pedazos de vidrio reciclado que podría agregar a las mezclas y reducir la cantidad de cemento requerido. Un depósito como este podría costar de 100.000 a 150.000 dólares, explicó Lionel Lemay, director de la división de sustentabilidad y estructuras de la Asociación Nacional de Hormigón Premezclado.

Eco Material Technologies, una empresa que vende cenizas volantes (un subproducto de los gases procedentes de las plantas que queman carbón) a los fabricantes de hormigón para que sustituyan una parte del cemento de sus mezclas, desea conseguir financiamiento para una planta de fabricación de cemento ecológico, señaló Grant Quasha, su director general. La construcción de una planta puede costar entre 30 y 50 millones de dólares, añadió.

La Ley de Reducción de la Inflación también amplía la accesibilidad a créditos fiscales para instalar equipos de reducción de emisiones en las plantas. Uno de los programas ofrece créditos para proyectos de descarbonización que reduzcan las emisiones en al menos 20 por ciento. Otro es para tecnologías que atrapen el dióxido de carbono antes de que llegue a la atmósfera. Con la fabricación del cemento, las emisiones de carbono no solo proceden de los combustibles fósiles que suministran la electricidad y el calor, sino también de los procesos químicos que convierten la piedra caliza en un ingrediente conocido como clínker.

“Estos créditos son sumamente valiosos para seguir reduciendo el costo de la tecnología”, comentó Randolph Kirchain, codirector de Concrete Sustainability Hub, un grupo del Instituto Tecnológico de Massachusetts financiado por la industria.

En lo que respecta a la demanda, la ley destina cerca de 5500 millones de dólares a agencias federales —incluyendo 2000 millones a la Administración Federal de Carreteras— para adquirir materiales de bajo nivel de emisiones de carbono para el transporte y otros proyectos.

“Este es el principio de la transformación de todo el mercado”, comentó Sasha Stashwick, directora del programa de energías limpias, cambio climático y política industrial en el Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales.

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