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Denunciaron al juez Juan Ramos Padilla por convocar a una pueblada en defensa de Cristina Kirchner

El juez Juan Ramos Padilla
El juez Juan Ramos Padilla

Juan María Ramos Padilla, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29, fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por realizar comentarios proselitistas que atentaron contra las instituciones democráticas. Es que el juez convocó a través de sus redes sociales a una “pueblada” para presionar al Tribunal que entiende en la causa Vialidad, en la que se encuentra procesada Cristina Kirchner. Para los denunciantes, el magistrado buscó “denigrar al Poder Judicial”.

La presentación fue hecha por la Fundación Apolo, a través de los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio. Allí se planteó que el mes pasado el juez Ramos Padilla realizó y/o difundió manifestaciones que refieren a una “pueblada” contra el “poder judicial mafioso”, al objetivo de lograr que “esta Corte” Suprema se vaya; a la necesidad de “sacar jueces”; a que “los jueces dejen de perseguir”; a que las puebladas son pacíficas, pero el pueblo finalmente “hará sentir su escarmiento”.

Asimismo, dice la denuncia, compartió videos de la fallecida presidenta de las Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini en los que exige “sacar estos jueces de mierda”. A los miembros de la Corte Suprema los trató de “cortesanos”. Y sostuvo que la Justicia está perdida porque ha perdido la dignidad y se ha transformado en un “poder hipócrita” que avanza sobre los otros poderes; y que se está “generando violencia”.

Ramos Padilla en la marcha kirchnerista contra la Corte Suprema (Luciano González)
Ramos Padilla en la marcha kirchnerista contra la Corte Suprema (Luciano González)

A criterio de Fundación Apolo, los dichos de Ramos Padilla incurren en las causales de sanción previstas en el art. 14 de la Ley 24937 del Consejo de la Magistratura que prohíben los “actos ofensivos al decoro de la función judicial, el respeto a las instituciones democráticas y los derechos humanos o que comprometan la dignidad del cargo”, “faltas a la consideración y el respeto debido a otros magistrados”, así como la “falta o negligencia en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Reglamento para la Justicia Nacional”.

Sobre la sentencia a conocerse el próximo 6 de diciembre en la causa Vialidad, “el juez, desconociendo fundamentos, aseguró que una sentencia condenatoria sólo podría dictarse falseando hechos y afirmó que constituirá prevaricato”, señaló la denuncia. Y, según el texto, agregó que “este Poder Judicial” sólo está para “lastimar el Estado de Derecho”.

“Es claro su ataque indiscriminado a una institución que desarrolla una función que fundamenta la existencia misma del Estado -la resolución pacífica de controversias regidas por el Derecho- con una vergonzosa omisión intencional de comunicar y considerar las reglas del debido proceso, los presupuestos de imparcialidad de magistrados, y valores de ética en el ejercicio de funciones públicas. Su mensaje incita a prejuzgar, a descartar valores constitucionales sobre la función jurisdiccional, a promover estereotipos de odio sobre la misma, a enfrentar a la sociedad con instituciones diseñadas para proteger sus derechos”, agregaron.

Y opinaron: “Estamos no sólo ante expresiones de carácter proselitista, partidario, inadmisibles en un magistrado, sino también, ante expresiones que promueven la desobediencia a las reglas de la república y la democracia”.

Para los denunciantes, “estas expresiones se manifiestan y empalman con actos recientes de desobediencia y cuestionamiento de reglas básicas de una democracia constitucional ocurridos recientemente en relación a las designaciones de miembros del Senado y la Cámara de Diputados para desempeñarse ante el Consejo de la Magistratura; y la convocatoria del titular de ATE Capital, Daniel Catalano, a “parar el Estado” por razones partidarias.

Mañana, el Tribunal Oral Federal 2 dará a conocer el veredicto en el juicio en donde se está siendo juzgado la vicepresidenta junto a una docena de acusados, entre los cuales está el empresario Lázaro Báez y los ex funcionarios Julio De Vido, José López y Carlos Santiago Kirchner. La fiscalía ha pedido 12 años de prisión para la Vicepresidenta.

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