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Clanes políticos y grupos armados: los riesgos a los que se enfrentan las Circunscripciones Especiales de Paz

11-04-2002 Guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN)
11-04-2002 Guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN)

El numeral 3.6 del punto 2 del Acuerdo Final de Paz (Participación política) establece que el Gobierno nacional se compromete a crear, en zonas donde existe una débil presencia del Estado, un total de 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, de las cuales serán elegidos 16 representantes a la Cámara de Representantes por dos periodos electorales.

Este punto se va a cumplir seis años después de la firma de los acuerdos pactados en La Habana, y a pesar de que el documento indica que la elección de estos representantes se llevará a cabo bajo medidas especiales de difusión, transparencia y protección, existe una serie de irregularidades y riesgos para los candidatos que aspiran a ocupar una curul de paz, y para el sistema mismo, pues algunos de ellos presentan cuestionamientos o investigaciones por tener posibles nexos con grupos armados ilegales o clanes políticos.

Para comprender mejor la crisis de transparencia y de seguridad, hay que mencionar que una sola circunscripción de paz abarca varios departamentos y no específicamente un solo municipio o vereda; así las cosas, están divididas de la siguiente manera:

Solamente el Cauca tiene más municipios acogidos por dos CITREP (13 municipios en la Circunscripción 1, y 3 en la Circunscripción 9)
Imagen: Infobae / Fundación Paz y Reconciliación
Solamente el Cauca tiene más municipios acogidos por dos CITREP (13 municipios en la Circunscripción 1, y 3 en la Circunscripción 9)
Imagen: Infobae / Fundación Paz y Reconciliación

Bien, ahora con las regiones comprendidas donde cada representante de las circunscripciones ejercerá su cargo como congresista, hay que puntualizar los tres grandes riesgos estructurales que ponen en riesgo sus vidas, así como la legitimidad de su ejercicio como parlamentarios en nombre de comunidades negras, campesinas e indígenas.

Tales riesgos son: la presencia de actores armados en los territorios, la cooptación democrática de clanes políticos y las dinámicas actuales de las economías ilegales, especialmente, aquellas relacionadas con el narcotráfico. En detalle, así se muestra cada problema en las zonas que abarcan las CITREP.

Cooptación democrática de clanes políticos

De acuerdo con un informe de la Fundación Paz y Reconciliación, en Colombia existen 55 clanes políticos que mandan a nivel municipal, local, regional y nacional. Asimismo, precisa que que en las 16 circunscripciones hay presencia de por lo menos 33 clanes, de los cuales siete estarían influenciando las campañas para cooptar aquellas candidaturas. Solamente en Córdoba hay tres clanes detrás de la CITREP otorgada a este departamento, la cual acoge cinco municipios: Puerto Libertador, San José de Uré, Valencia y las zonas rurales de Montelíbano y Tierralta: los clanes de Barguil, Amín- López- Calle y el del Mussimo andan tras esa representación ante el Congreso.

Los demás grupos son el Clan de la Gata -Enilce López- (Bolívar); Clan Gnecco en el Cesar; el Clan Sánchez Montes de Oca, en Chocó y el Clan del Barretismo en el Tolima; este último podría intervenir en la circunscripción 15 que acoge los pueblos de Ataco, Chaparral, Rioblanco y Planadas.

Presencia de grupos armados ilegales y las dinámicas de economías ilegales

Luego de la firma del Acuerdo Final de Paz, integrantes de las extintas Farc dejaron a un lado las armas para reincorporarse a la vida civil mediante los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Sin embargo, en buena parte de los territorios ocupados por la guerrilla hubo una reestructuración de otros grupos armados, buscando un dominio territorial que anteriormente pertenecía a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Esto ha producido un escalamiento del conflicto en zonas como el bajo Cauca Antioqueño, el norte del Cauca, Nariño, Chocó y recientemente, Norte de Santander y Arauca, y de acuerdo con los registros de la Fundación Paz y Reconciliación, de marzo de 2021 a febrero de 2022 (época preelectoral), han ocurrido 124 casos de violencia política perpetrados, en un 30 % de ellos, por ocho estructuras ilegales: grupos armados residuales (o llamadas también disidencias); grupos paramilitares denominados Autodefensas Gaitanistas de Colombia; Fuerzas Armadas Revolucionarias Mexicanas (FARM), conocidas como Los Mexicanos; las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada; Autodefensas; los Caparros, el Eln y un grupo llamado Bloque Capital reorganizado de las AUC.

En estos registros se incluye también una amenaza hecha al actual precandidato Gustavo Petro por parte de una persona que, como antecedente tiene la destrucción de una bandera LGBTI en el Pueblito Paisa.

En resumen, todas las situaciones anteriores componen un riesgo no solo para los candidatos, sino también para los sufragantes y la legitimidad con que se lleven a cabo los comicios en cada una de las 16 zonas especiales. La incapacidad estatal para brindar transparencia y el recrudecimiento de la violencia también suponen otros peligros de cara al próximo 13 de marzo.

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