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La millonaria compra de ventiladores para enfrentar el coronavirus que firmó la Sedena con un polémico ex funcionario de Peña Nieto

El 27 de marzo del 2020, el COVID-19 fue declarada una enfermedad de atención prioritaria en México, lo que permitió que los procedimiento de licitación pública en la compra de insumos sanitarios se volviera de adjudicación directa, es decir, que la compra se realiza ahora sin intermediarios con la empresa.

De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) firmó la compra de mil 330 ventiladores provenientes del extranjero con la empresa Soluciones Integrales en Gestión de Riesgos de Desastres SA de CV.

Del total, 600 ventiladores son marca Hamilton de Suiza, en 846 mil pesos cada uno, mientras que los restantes 730 aparatos son Aeon Medics y provienen de España y China, cada uno con un costo aproximado de 898 mil pesos.

El contrato contempla un total de mil 350 millones de pesos en ventiladores que apoyarán en hospitales para pacientes con coronavirus. Sin embargo, la empresa proveedora pertenece en un 50% a José María Tapia Franco, quien tuvo varios puestos políticos como parte del Partidos Revolucionario Institucional (PRI), pero que principalmente destaca por haber estado entre quienes tramitaban los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden).

En espeífico, Tapia Franco gestionó el Fonden entre 2013 y 2016, cuatro años en los que fueron documentados varios desvíos y malos manejos por millones y millones de pesos, informó la Auditoria Superior de la Federación.

Tapia Franco estuvo rodeado de polémica no solo por las presuntas actividades ilícitas, también en 2013, cuando los huracanes Ingrid y Manuel azotaban el Pacífico mexicano y dejaban más de 100 muertos, el periódico Excelsior dio a conocer que el ex funcionario había ido a Las Vegas a celebrar las fiestas patrias haciendo apuestas de hasta 20 mil dólares.

Sobre esto, Reforma también difundió fotografías de Tapia Franco en traje de baño, divirtiéndose mientras dejaba salir el alcohol a chorros de dos botellas de champagne en un hotel de Las Vegas.

Este fondo es utilizado, en teoría, para auxiliar a los estados afectados por huracanes, sismos y otros fenómenos naturales en México. Sin embargo, el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, denunció en julio de 2019 que durante la administración anterior, dirigida por Enrique Peña Nieto, hubo un ilícito negocio millonario en el Fonden, orquestado desde la Secretaría de Gobernación (Segob).

Aún así, el 30 de marzo la Sedena firmó el contrato con la empresa como parte de la aplicación del Plan DN-III del Ejército mexicano que tiene por objetivo hacerle frente a la pandemia de coronavirus, la cual ya es considerada una emergencia sanitaria.

Soluciones Integrales en Gestión de Riesgos de Desastres SA de CV se constituyó el 19 de diciembre de 2019 ante Ana Lilia Janeth Porras Figueroa, la titular de la Notaría 163 de Naucalpan. Aunque la mitad de esta pertenece a Tapia Franco, otros funcionarios también forman parte de los dueños de la empresa.

Del restante, el 40% es de Lorena del Paso Bouchez, quien ha representado a México en foros internacionales como el encuentro de la Plataforma Global para Reducir el Riesgo de Resastres en 2013.

Daniel Monroy Fuentes y Edwin Alejandro Medina Hernández, quienes son ex funcionarios de Gobernación. Fueron director y subdirector de área en Protección Civil y además asesores de Tapia Franco. Cada uno cuenta con el 5% de la empresa.

El contrato tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del 2020, es decir, la empresa podrá entregar los ventiladores hasta final de año. Para concertarlo, se realizará un anticipo del 50% del monto total del contrato, lo demás se pagará al finalizar la entrega de los ventiladores

De no entregar la totalidad de las unidades, el proveedor se compremete a devolver el anticipo.

MCCI destacó que aunque la cláusula 23 del contrato estipula que los datos son confidenciales y se prohíbe la publicación del contenido. La compra no entra en los casos de contrataciones que pueden ser confidenciales estipulados en la Ley General de Transparencia.

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