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Gobierno español se compromete a buscar a los desaparecidos de la guerra civil

Después de exhumar a Francisco Franco de su mausoleo, el gobierno de izquierdas español se fijó este martes como prioridad recuperar los restos de los miles de desaparecidos durante la guerra civil y la dictadura.

Más de 100.000 víctimas del conflicto (1936-1939) y la dictadura (1939-1975) se encuentran todavía desaparecidos, según estiman historiadores y asociaciones de víctimas del franquismo, que llevaban décadas pidiendo con escaso éxito ayuda pública para encontrarlos.

El proyecto de ley de «memoria histórica» aprobado este martes por el consejo de ministros, que debe ser validado por el Congreso, convertirá su búsqueda en una «responsabilidad de Estado», indicó el gobierno.

De los 750.000 euros (890.000 dólares) que prevén destinar a desarrollar esta ley en 2020, un 60% se destinará a ello.

Además, prevén elaborar un mapa con todas las fosas comunes y crear un banco de ADN de las víctimas para facilitar su futura identificación.

Este último punto era crucial para las asociaciones de familiares que veían con temor cómo los parientes más directos desaparecían sin dejar almacenadas muestras genéticas para cruzarlas con las de los restos que se pudieran encontrar en el futuro.

«La memoria, la justicia y la reparación deben ser cuestiones de Estado», señaló el jefe de gobierno Pedro Sánchez en Twitter.

«Hoy damos un paso más en el reconocimiento a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura con la ley de memoria democrática. Hoy cerramos un poco más las heridas; podemos mirar al pasado con mayor dignidad», añadió.

– Ofensiva contra Franco –

Menos de 45 años después de la muerte de Franco en 1975, el recuerdo de la dictadura sigue sembrando discordia en España entre la izquierda, que propone un revisionismo de esos años, y la derecha, que la acusa de abrir heridas del pasado.

«Cada vez que el gobierno de Sánchez está en problemas, saca el espantajo de Franco», dijo el senador del conservador Partido Popular, Javier Maroto.

Llegado al poder en junio de 2018, Pedro Sánchez se puso como una de sus prioridades el resarcimiento de las víctimas del franquismo.

Su decisión más simbólica fue exhumar en octubre los restos de Franco del Valle de los Caídos, un monumental mausoleo horadado en una montaña en las afueras de Madrid y coronado por una enorme cruz de 150 metros de altura.

El dictador quiso presentar el complejo, construido en parte con el trabajo forzoso de presos rivales, como un símbolo de reconciliación entre españoles e hizo enterrar allí víctimas de ambos bandos, sin permiso de las familias de los muertos republicanos.

El proyecto de ley prevé reconvertir el espacio en un cementerio civil, permitir a los parientes recuperar los restos de sus familiares enterrados y dotar de un nuevo significado el complejo para que deje de ser un lugar de «exaltación» del franquismo.

El gobierno también quiere prohibir la Fundación Francisco Franco, que hace apología de quien ganó el conflicto civil y dirigió con mano de hierro España durante 36 años.

Entre el resto de medidas figuran declarar nulas las condenas y juicios sumarísimos contra los partidarios republicanos y garantizar «el derecho a la investigación de las violaciones a los derechos humanos» ocurridas en ese periodo a través de una fiscalía creada para tal propósito.

Hasta ahora, los múltiples intentos para investigar judicialmente esos hechos en España se toparon con una ley de amnistía aprobada en 1977, durante la transición a la democracia, que decretaba la prescripción de los crímenes anteriores.

Este bloqueo llevó a las asociaciones de víctimas a presentar hace diez años una querella en Argentina donde, en virtud del principio de justicia universal, la juez María Servini investiga los presuntos crímenes contra la humanidad cometidos en esa época.

Este proyecto amplía el contenido de una primera ley de «memoria histórica» adoptada en 2007 por el Congreso con el impulso del precedente gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero que buscaba el reconocimiento de las víctimas del régimen.

Su aplicación quedó bloqueada durante el mandato del conservador Mariano Rajoy (2011-2018) del Partido Popular, que se vanagloriaba de no haber destinado ni un euro de dinero público en ella.

mg-dbh/mis

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