Los comerciantes de la ciudad de Casilda, provincia de Santa Fe,
adherimos al aislamiento social obligatorio y preventivo impartido
por el Gobierno Nacional a partir de 13 de marzo de este año y ahora prorrogado en principio
hasta mediados de abril, para mitigar el coronavirus, en total acuerdo.
Sin embargo, es de público conocimiento, que esta situación produjo que muchos comercios
cerráramos las puertas hace ya más de 15 días, lo que con lleva graves problemas para cubrir
costos, impuestos en general, gastos particulares, proveedores y pagar el sueldo de los
empleados, sin mencionar también que con la reapertura del clearing bancario (la mayoría
trabajamos con cheques diferidos que ya emitimos en favor de nuestros proveedores) se
genera una situación más que dificultosa, sentenciando a muchos de nosotros a un cierre
definitivo.
En este contexto, reclamamos medidas para paliar la crisis económica que está generando la
pandemia mundial COVID-19, aplicables a empresas como NOSOTROS, que somos pequeños
emprendimientos comerciales de nuestra ciudad, los cuales probablemente no podamos
presentar una carpeta “seductora” a los bancos, que son los que disponen de quiénes serán los
beneficiarios de los créditos (obviamente priorizando una tasa de riesgo baja y por lo tanto
mayor rentabilidad). Queremos dejar claro que, sin financiamiento acorde (no hablamos de
monto, sino de condiciones), se consolidará el quiebre de la cadena de pagos y se terminarán
por destruir nuestros comercios que ya se encontraban golpeados antes de esta situación
coyuntural, por un problema estructural de nuestra Nación.
Por lo expuesto, requerimos que desde el Gobierno Nacional, Provincial y Municipal, se tomen
con urgencia las medidas necesarias para que el sistema financiero asista con un crédito
automático (sin calificación y sin trabas burocráticas) con 0% de interés y en un plazo
razonable que permita dotar de oxígeno a nuestros emprendimientos. Además, insistimos con
los reclamos que ya ha realizado CAME de eximir del pago de las cuotas de monotributo y
autónomo de los meses de abril, mayo y junio, eximir a las empresas del pago de ganancias,
IVA y contribuciones patronales durante el período que rija la medida de emergencia, eximir
por 60 días del pago de luz, gas y agua a las empresas afectadas y ampliar plazos en el pago de
IVA a 90 días de manera automática para aquellas empresas calificadas como MiPyMe.