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CCE convocó a un Gran Acuerdo Nacional ante crisis económica por COVID-19

Carlos Salazar Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), convocó a la creación de un Gran Acuerdo Nacional entre el gobierno federal y la iniciativa privada con la finalidad de enfrentar la crisis económica que implica el aislamiento social derivado del combate al coronavirus en México.

El empresario pidió dejar de lado enconos, frustraciones, ocurrencias, politiquerías e indiferencias y trabajar de la mano por un bien común.

“Tenemos 3 grandes objetivos que compartir: la seriedad del problema de salud que enfrentamos; lo que creemos que debemos hacer durante 90 días y empezar a escribir un Acuerdo Nacional donde hablemos cómo ser fraternos y solidarios”, expresó el líder empresarial.

A través de su cuenta oficial en Twitter, el consejo escribió que “desde el sector empresarial se han emprendido y planteado iniciativas para hacer frente a la emergencia provocada por el #COVID19”, en donde proponen tiempos para que se establezca.

Asimismo, durante una conferencia virtual, el presidente del CCE adelantó que “hay más de 60 iniciativas que han nacido alrededor de todo el país entre las últimas tres y cuatro semanas, y todas ellas van orientadas a una pregunta ‘¿Cómo saldremos de esta crisis?’”

En la reunión que duró poco más de dos horas, participaron distintos líderes empresariales mexicanos que colaboran también en organizaciones sin fines de lucro que en estos momentos están trabajando para combatir la desigualdad en México y generan estímulos pequeños y medianos empresarios.

Tal fue el caso de Federico González, director de Banco de Alimentos en México, organización que procura la sana alimentación de 1.4 millones de mexicanos que viven en pobreza extrema y que ahora prioriza sus apoyos a los afectados por el COVID-19 en 27 entidades del país.

Ante este tipo de participaciones, Salazar Lomelí reconoció que México, como muchos otros países del planeta, entrarán en periodos críticos en materia económica; sin embargo, conminó a lo empresarios, al gobierno ya la sociedad en general a estar organizados para que los embates del COVID-19 sean superados:

“Podemos estimar que vamos a tener una caída económica[…] lo que queremos es que esa caída no implique que la pérdida total de empresas. Pueden cerrar durante estos 90 días pero queremos que tengan la capacidad de restablecerse”, estimó.

Cabe mencionar que el pasado 10 de abril el CCE dijo que “la propuesta que hace unos días presentaron los legisladores del propio Morena tiene muchas similitudes con la nuestra, empezando por la relevancia de mantener los programas sociales”, en un contexto donde la crisis sanitaria se acentúa cada día.

También, este organismo expresó que se debe de ampliar la óptica gubernamental para promover la ayuda económica:

“No debemos caer en falsos dilemas. La prioridad, por supuesto, son las familias más pobres. Pero sólo les garantizaremos una vida digna si ayudamos a que las PyMEs mantengan sus empleos”.

En México, de acuerdo con la Secretaría de Salud (SSa) se tienen registrados 5,847 casos de coronavirus, así como 449 muertos relacionados a esta enfermedad. El gobierno federal explicó que tienen detectado un aproximado de 15% de empresas en México que se niegan a acatar las instrucciones de aislamiento social y Hugo López-Gatell, subsecretario de prevención y promoción de la salud, adelantó que serán sancionadas en la conferencia vespertina del avance diario del COVID-19.

De igual manera, el subsecretario dijo, durante la conferencia matutina del 16 de abril, que la Jornada Nacional de Sana Distancia se extenderá hasta el 30 de mayo.

Estos dos elementos sanitarios plantean un panorama adverso para las empresas que no poseen estabilidad financiera; sin embargo, esto es necesario para poder evitar el colapso del sistema de salud en el país.

De igual forma, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguró que el gobierno de México debe de “entrarle al Salario Solidario”. La confederación dirigida por Gustavo de Hoyos planteó a nivel federal una propuesta que busca preservar el ingreso de millones de mexicanas y mexicanos y la supervivencia de empresas generadoras de empleo y mantener la liquidez del salario de más de 20 millones de trabajadores hasta el 30 de mayo.

La propuesta radica en que el Gobierno Federal invierta como máximo 96 mil 844 millones de pesos al mes (cálculo realizado garantizando la progresividad), en el pago del llamad Salario Solidario, que garantizaría mantener vivos los empleos; sin embargo, en la propuesta de la máxima representación patronal en México se sugiere que el “trabajador acordará recibir una proporción menor de su salario”. punto que contradice lo declarado por Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) el pasado 2 de abril.

Cabe señalar que en países de todo el mundo, tanto la IP como el gobierno han establecido acuerdos para sobrellevar la crisis económica inherente al COVID-19; no obstante, los acuerdos en México entre estas partes no han fluido tan rápido como para proporcionar certeza a la población.

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